El denunciante tiene la obligación legal de decir la verdad…


Abro la categoría “valores” con esta frase. Y me explico.

Hoy quedo con una persona, asesora filosófica en formación, para discutir la posibilidad de formar una estructura que facilite el diálogo, al estilo filosófico -buscando una actitud de examen de la vida y de las propias posiciones existenciales-, para directivos y empresarios que, a menudo, toman decisiones que afectan a muchas personas, movidos por motivaciones que, a veces, son increíbles: un divorcio, el odio a una persona concreta, la necesidad de emular a un antepasado, el “wishful thinking”…

Creo que se puede hacer un bonito trabajo para la sociedad acercando la filosofía a la práctica del día a día, sacándola de los laboratorios academicistas y de los juegos florales abstractos para responder a preguntas tales como: ¿usted para qué vive? ¿por qué se empeña en hacer negocio con alguien que le lleva engañando tantos años? ¿realmente espera que las cosas le vayan mejor sin cambiar su comportamiento diario?

Ahí estábamos en el Rodilla de Plaza Castilla, bajo el aire acondicionado, discutiendo el esquema, con un sol de justicia afuera. Y, al cabo de un rato, a ella, a la persona con la que estaba reunido, le habían levantado el bolso en un descuido.

Dadas de baja las tarjetas de crédito nos dirigimos a la comisaría de Tetuán a denunciar el hurto y, mientras ella entraba a declarar para presentar la denuncia, yo esperaba en el típico descansillo de edificio oficial, viejo, con muebles usados hasta el absurdo, y con los toques de encanto típicos de una comisaría: fotos de terroristas en el tablón de anuncios, fotos de desaparecidos -muchos, ¡qué de gente desaparece, qué fácil parece! y… un aviso curioso, una cuartilla de papel colgada entre las fotos, con el siguiente texto (hice una foto con el móvil, especialmente para el blog):

“El denunciante tiene la obligación legal de decir la verdad (Art. 433 de LECr.) por la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal (Art. 456 de Código Penal), simular ser responsable o víctima de una infracción penal (Art. 457 de C.P.), denunciar una infracción penal falsa o inexistente (Art. 457 de C.P.) o faltar a la verdad en su testimonio (Art. 458 de C.P.).”

¡Toma ya! Me quedé gratamente impresionado, como el que se encuentra con un perro verde, que no puede dejar de mirarlo. Un papel colgado en una comisaría hablando de la verdad y la falsedad, de la responsabilidad y de la inexistencia… Fue un orgasmo filosófico el que sentí, mientras mi compañera denunciaba, espero que siguiendo las normas del C.P. y de la LECr, el hurto.

Indican en el texto los señores que lo han redactado que la obligación LEGAL de decir la verdad tiene causa en la posible responsabilidad penal en que se podría incurrir de no hacerlo.

Que la obligación de decir la verdad es una obligación legal puede ser discutible… yo diría que es legal, pero que también lo es moral. Diría incluso que, hoy en día, más que una obligación legal o moral, es casi un privilegio o un lujo que tiene la Persona.

“El denunciante tendrá el privilegio de decir la verdad siempre que tenga la capacidad suficiente como para discernirla de lo demás, siempre que no haya nadie poderoso a quien esta verdad le pueda dañar en sus intereses, siempre que todo lo demás le importe casi nada o siempre que esté dispuesto a inmolarse tras su declaración. En los demás casos, cuando la verdad no esté ya muy claro si existe o cuando esté usted amenazado, humillado o hundido por la falsedad de otros y el sistema simplemente pase de usted, le admitimos cierta laxitud en su declaración para salir del paso”.

Incurren nuestros policías en otro error de bulto: las obligaciones legales no se tienen por las posibles responsabilidades penales en que se pueda incurrir. Un ejemplo: podría añadir el texto:

“Y le recordamos que, mientras declara verazmente, por la cuenta que le tiene, usted tiene la obligación de respetar a los policías, porque las penas por desacato u ofensa a la autoridad son tema serio a considerar, sin contar con la ristra de bofetadas que le puede caer al encontrarse usted, por si aún no se ha percatado de ello, en una comisaría llena de policías solidarios con aquellos a los que usted ofende con su comportamiento desconsiderado.”

Sirva esta reflexión para contrastar -no se puede generalizar- que los señores defensores de la legalidad estiman que la raíz fundacional que da vigor a las leyes son las penas que los códigos tipifican para los delitos.

No es eso. Cambio de escenario. No se metan ustedes a decirme dónde está la raíz de mi obligación de veracidad, porque probablemente esté bastante lejos de donde ustedes la sitúan. Lo mismo está en una ética como la kantiana, que me lleva a pensar que debo ser veraz porque la alternativa de la falsedad no tiene visos de poder convertirse en norma universal de comportamiento.

Puede ser que la obligación de decir la verdad sea una obligación de carácter religioso, porque así me lo marque un mandamiento que se supone espejo de la llamada Ley de Dios: el séptimo mandamiento.

Incluso puedo encontrar el principio basante de la obligación de ser veraz en mi propia conciencia, a quien le repugna ser mentida y mentir. O en un sentido práctico que considere que la mentira entorpece la vida comunitaria y hace, a la larga, imposible una convivencia fluida. Esos pueden ser argumentos que disuadan a la persona de mentir, como otros similares pueden hacer que un asesino en potencia nunca pase a serlo en acto.

Pero el modo conductista de tratarnos (si mientes te vas a enterar, art. XX del C.P.) creo que no es muy eficaz. Nos explicaron en derecho penal que ni siquiera con penas tales como la pena de muerte los criminales en potencia se reprimían: en medio de una pulsión asesina, un cerebro no puede sopesar lo que se le viene encima y, si lo hace, los mismo se anima más -pueden no pillarle, pueden no condenarle, pueden finalmente no ejecutarle o pueden ejecutarle al cabo de muchos años: quizá degollar a su víctima merece esa pena potencial.

Yo, denunciante, tengo la obligación ciudadana de decir la verdad porque estoy recurriendo a un servicio público para denunciar un delito, lo cual ya implica que:

1.- Comparto las formulaciones que mi pueblo a realizado en cuanto a lo que está permitido o no. Comparto el concepto de delito y los casos de delito que las leyes prevén.

2.- Acepto como legitima la autoridad de los policías y delego en ellos la solución de la injusticia que se ha producido sobre mi, renunciando a mi auto-nomía para solucionar el asunto y confiando en que ellos dedicarán los esfuerzos necesarios para ello.

3.- Considero necesario aclarar lo que ha pasado y juzgar lo que otros han hecho, porque ello redunda en el bien de mi ciudad y en el mantenimiento de su orden, lo cual es otro bien.

4.- Y sólo en último lugar, y como consecuencia lógica de lo anterior, conozco que existen penas para los que hacen un uso fraudulento de estas instituciones y del derecho que las sustenta, y asumo que me serán aplicadas si incurro en ese comportamiento dañoso para la ciudad y sus gentes.

Poner un cartel como ese en una comisaría es tratar a las víctimas de un delito como criminales y asumir, probablemente basándose en la experiencia (¡qué pena!), que ni siquiera de aquellos que dicen ser víctimas se puede uno fiar. Es una muestra del clima moral de nuestra ciudad y, probablemente, van a hacer falta muchas otras alternativas en lugar de leyes y penas para que la ciudad vuelva a ser ese idel de civismo y moralidad que es básica para edificar cualquier proyecto de futuro.

Mientras el bolso de mi amiga está en alguna papelera con sus documentos aún en la cartera -porque los ladrones la ley no la cumplen, pero tienen un cierto sentido de la empatía ciudadana como para ahorrarle tiempo al robado en colas para hacerse el DNI, etc.- y los ladrones se pulen el dinero en alguna cosa -haciendo uso de un medio de pago obtenido por un medio moralmente ilícito- la policía toma miles de declaraciones al día con máquinas de escribir desvencijadas y los ciudadanos siguen acudiendo a las comisarías a denunciar los delitos y las faltas. En ese umbral de legalidad chusquera la vida sigue. Aún no estamos en una situación de incivismo grande, y creo que ello no se debe a contar con buenas leyes, sino a la interiorización de un cierto orden moral que la gente, aún la más joven, sigue haciendo en sus casas, mientras sus padres ciudan de su educación o al leer alguna cosa.

El día que eso acabe, el tablón de anuncios de la comisaría estará lleno de amenazas más o menos veladas, pero la comisaría no tendrá trabajo, porque nadie denunciará nada: la gente practicará la “solución de conflictos autónoma” y los policías, pistola en cinto, saldrán a la calle a cometer delitos para luego perseguirlos.

Para eso, pienso, no falta mucho. Espero que antes de que esa situación sea real aparezca el bolso de mi amiga.

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